Estimados compañeros, estos documentos los elaboramos con el fin de que sirvan como insumo en las discusiones de los Comité de Base, en vistas a la confección programática del FA.
Vivienda como derecho inalienable.
Según datos recabados por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) – Organismo dependiente de Naciones Unidas –, el 76% de los habitantes de Suramérica y el Caribe (equivalente a unos 400 millones de personas) vive en áreas urbanas. A esto, 138 millones aproximadamente son pobres y 46 millones de los pobres son indigentes.
Nuestro gobierno consciente de esta realidad aplicó medidas en políticas sociales y económicas que contribuyeron a reducir notablemente nuestra cuota enmarcados dentro del espectro anteriormente detallado. Las cifras frías de la estadística se traducen en limitaciones muy diferentes que se introducen en todos los campos referentes a la vida misma. Una de estas limitaciones es la dificultad para acceder a la vivienda en forma convencional lo cual, claramente estimula la proliferación de asentamientos ilegales en terrenos públicos o privados. En general instalados en terrenos que carecen de condiciones ambientales y sanitarias adecuadas para el uso residencial.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “las deficiencias en la vivienda de la región y la falta de saneamiento constituyen una determinante reiterada del exceso de mortalidad y una característica sistemáticamente vinculada a los niveles de pobreza, el rezago socioeconómico y la inequidad territorial”.
Es bueno también analizar un factor bien importante también, la industria de la construcción ha sido notablemente reactivada por este gobierno en los últimos años pero, los proyectos edilicios no apuntan a solucionar la necesidad de quienes padecen las consecuencias del déficit habitacional, la actividad privada continúa orientada principalmente hacia los grupos más pudientes, a los cuales está destinado este crecimiento que, claramente se mueve a favor de las leyes del mercado.
El MVOTMA en esta materia, sin ser prioridad en el pasado lineamiento programático del FA, ha construido viviendas a través de sus diferentes planes y ha brindado soluciones más que satisfactorias en el campo para muchos de aquellos en situación de crítica vulnerabilidad, pero aún no es suficiente. El FA en su próximo plan de gobierno deberá contar con una política nacional de viviendas, donde se asegure el acceso a la vivienda como un derecho básico y fundamental, cumpliendo con el mandato constitucional.
El próximo gobierno del FA deberá estudiar la viabilidad de la implementación de reformas en edificios abandonados, así como en estructuras nobles expropiables o de propiedad estatal en desuso o abandono; para el surgimiento de complejos habitacionales. Se deberá crear a través del Fondo Nacional de Viviendas planes de prestamos para compra de viviendas usadas para familias de escasos recursos, teniendo en especial consideración el interior del país y no descartando la posibilidad de crear planes diferenciales para distintas realidades. La compra de vivienda usada es ahorrarle al Estado Uruguayo una suma cuantiosa, ya que en muchas localidades existen números importantes de viviendas vacías a las cuales se pueden acceder por una suma mucho menor que mediante la construcción. Continuar con el acertado fomento a las cooperativas de construcción mediante la ayuda mutua, pero no limitar a que esta sea la única vía en un mismo medio.
Una gestión eficiente y honesta en la materia como la que se ha llevado a cabo hasta el momento, pero profundizando en materia de diferentes planes que apunten a una solución rápida, real y planeada desde y para cada medio, es vital para asegurar la transferencia de poder ciudadano y el continuismo en la construcción de nuestro país más equitativo y justo; en la construcción de nuestro socialismo.
Vivienda como derecho inalienable.
Según datos recabados por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) – Organismo dependiente de Naciones Unidas –, el 76% de los habitantes de Suramérica y el Caribe (equivalente a unos 400 millones de personas) vive en áreas urbanas. A esto, 138 millones aproximadamente son pobres y 46 millones de los pobres son indigentes.
Nuestro gobierno consciente de esta realidad aplicó medidas en políticas sociales y económicas que contribuyeron a reducir notablemente nuestra cuota enmarcados dentro del espectro anteriormente detallado. Las cifras frías de la estadística se traducen en limitaciones muy diferentes que se introducen en todos los campos referentes a la vida misma. Una de estas limitaciones es la dificultad para acceder a la vivienda en forma convencional lo cual, claramente estimula la proliferación de asentamientos ilegales en terrenos públicos o privados. En general instalados en terrenos que carecen de condiciones ambientales y sanitarias adecuadas para el uso residencial.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “las deficiencias en la vivienda de la región y la falta de saneamiento constituyen una determinante reiterada del exceso de mortalidad y una característica sistemáticamente vinculada a los niveles de pobreza, el rezago socioeconómico y la inequidad territorial”.
Es bueno también analizar un factor bien importante también, la industria de la construcción ha sido notablemente reactivada por este gobierno en los últimos años pero, los proyectos edilicios no apuntan a solucionar la necesidad de quienes padecen las consecuencias del déficit habitacional, la actividad privada continúa orientada principalmente hacia los grupos más pudientes, a los cuales está destinado este crecimiento que, claramente se mueve a favor de las leyes del mercado.
El MVOTMA en esta materia, sin ser prioridad en el pasado lineamiento programático del FA, ha construido viviendas a través de sus diferentes planes y ha brindado soluciones más que satisfactorias en el campo para muchos de aquellos en situación de crítica vulnerabilidad, pero aún no es suficiente. El FA en su próximo plan de gobierno deberá contar con una política nacional de viviendas, donde se asegure el acceso a la vivienda como un derecho básico y fundamental, cumpliendo con el mandato constitucional.
El próximo gobierno del FA deberá estudiar la viabilidad de la implementación de reformas en edificios abandonados, así como en estructuras nobles expropiables o de propiedad estatal en desuso o abandono; para el surgimiento de complejos habitacionales. Se deberá crear a través del Fondo Nacional de Viviendas planes de prestamos para compra de viviendas usadas para familias de escasos recursos, teniendo en especial consideración el interior del país y no descartando la posibilidad de crear planes diferenciales para distintas realidades. La compra de vivienda usada es ahorrarle al Estado Uruguayo una suma cuantiosa, ya que en muchas localidades existen números importantes de viviendas vacías a las cuales se pueden acceder por una suma mucho menor que mediante la construcción. Continuar con el acertado fomento a las cooperativas de construcción mediante la ayuda mutua, pero no limitar a que esta sea la única vía en un mismo medio.
Una gestión eficiente y honesta en la materia como la que se ha llevado a cabo hasta el momento, pero profundizando en materia de diferentes planes que apunten a una solución rápida, real y planeada desde y para cada medio, es vital para asegurar la transferencia de poder ciudadano y el continuismo en la construcción de nuestro país más equitativo y justo; en la construcción de nuestro socialismo.
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